El pasado miércoles, al menos 15 personas fueron sacadas de sus viviendas por la fuerza en horas de la madrugada en distintos barrios de Jinotega, según la Policía, bajo investigación por supuestos actos de terrorismo, tenencia de armas y señalados como presuntos "golpistas" contra el actual gobierno.

Greyvin José Leiva Tinoco, de 29 años y Félix José Picado, de 53 años, son dos de los detenidos. Ambos casos ocurrieron en el barrio Llanos de la Tejera.

“Él tiene acusaciones (Greyvin) de lo cual no lo es, tiene acusaciones que dice que es terrorista, golpista. Los terroristas son ellos (la Policía), lo de ellos se lo acumulan a los jóvenes. También tiene una acusación por droga que yo desconozco, me lo acusan por droga cuando eso no es cierto, yo pido la libertad de mi hijo y la libertad de todos los jóvenes de ese barrio porque ellos son inocentes”, aseguró Reyna Tinoco, madre de Greyvin Leiva.

Tinoco también denunció que sus dos nietos de 5 y 9 años de edad, fueron interrogados por los agentes policiales a la hora del allanamiento a la vivienda.

Arrestos también en Carazo

Entre martes y miércoles de esta semana, también fueron detenidos Jack Josué Castillo, de 18 años de edad y Flavio Alexander Castillo en Diriamba Carazo. Los dos son investigados la desaparición del militante sandinista Bismarck Martínez.

“Me hicieron ir a la oficina para darme razón de él (de Jack), pero el hacerme ir a la oficina fue para pedirme que yo les entregara la ubicación del cadáver de un tal Bismark que no sé quién es. No puedo entregar la ubicación de algo que yo no sé, que no he participado en nada. El único delito que ellos hicieron (los detenidos) fue participar en las marchas, ellos no tienen nada que ver con ningún asesinato”, sostuvo Ligia Castillo, tía de los dos jóvenes detenidos.

De acuerdo a registros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a diario esta organización recibe solo en Managua un promedio de 10 denuncias de detenciones arbitrarias en el marco de este contexto.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, señala que todas se caracterizan por allanamientos sin orden judicial y bajo procedimientos que violan la ley y los derechos humanos de los ciudadanos.