"La magistrada miente", aseguran organismos y expertos, sobre Ley antiterrorista

Organismos de la sociedad civil, derechos humanos y expertos en materia jurídica, reaccionaron ante el comunicado de prensa que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que reitera las declaraciones que brindó la semana pasada la presidente de ese poder judicial, Alba Luz Ramos, en las que asegura que los jueces no están aplicando Ley 977, Ley Antirrorismo, a los acusados por participar en las marchas cívicas.

"La magistrada miente", señaló la activista María Teresa Blandón, del Programa Feminista La Corriente, en relación a las declaraciones de Ramos sobre la Ley 977.

"Nos ofende a todos los nicaragüenses que tenga este nivel de cinismo y de mentira (la magistrada). Sí están aplicando una ley de forma ilegal, una ley que no podría aplicarse porque no tiene efectos retroactivos, pero todos los delitos que les están inculpando los siete jueces y juezas que ha seleccionado la dictadura recurren los nuevos delitos tipificados en la Ley contra el terrorismo", sostuvo Blandón.

La Ley 977, "Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva", no se está aplicando en los juicios de los acusados por los sucesos de abril, señala el comunicado de prensa de la CSJ.

"Quiero aclarar algo que mucha gente no comprende o no sabe: nosotros no estamos aplicando esa ley a los casos que se están judicializando, porque esos casos se dieron antes de que se publicara o se aprobara esa ley", manifestó la magistrada Alba Luz Ramos la semana pasada, durante una entrevista realizada en el departamento de Matagalpa cuando asistió a un evento del poder judicial.

La ley que fue aprobada con la mayoría del voto sandinista en el Parlamento el pasado 16 de julio, en su artículo 394 referente al terrorismo, establece penas de 15 a 20 años de cárcel para toda persona que "cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

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El exprocurador Alberto Novoa, discrepa de la postura de la magistrada Ramos sobre este tema, ya que señala que la mayoría de las personas que han sido detenidas y enjuiciadas desde abril por participar en las protestas, están siendo acusadas con los tipos penales que contempla la Ley 977.

"Solamente le pido que vaya a revisar las listas que tiene la CPDH, el CENIDH y todos los demás para que le digan cuáles son los tipos penales que están acusando, todos llevan, la mayoría, un eje transversal que es terrorismo. Si eso no le da ninguna razón, o yo no sé leer, o la gente no sabe leer, o ella (la magistrada Ramos) no mira los periódicos", señaló Novoa.