GIEI señala a gobierno de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad
“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, señaló Amérigo Incalcaterra, jefe de la misión del GIEI.
En Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, según concluye el informe final que presentó este viernes en Washington, Estados Unidos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, señaló Amérigo Incalcaterra, jefe de la misión del GIEI.
De acuerdo al documento, entre el 18 de abril y el 30 de mayo de este año, al menos 109 personas fueron asesinadas en Nicaragua por la represión que desató el gobierno en respuesta a las manifestaciones pacíficas que se alzaron en todo el país contra la administración del presidente Daniel Ortega, estos datos los recoge el informe final.
De las 109 víctimas que logró constatar el GIEI en dicho período, 95 fallecieron por impactos de balas de alto calibre en el cuello, cráneo y tórax, ataques dirigidos según el GIEI desde la más alta esfera del gobierno actual con el apoyo de la policía, grupos de choque y grupos paraestatales.
El grupo de expertos aclaró que el número de víctimas desde el 18 de abril a la fecha puede ser mucho mayor debido al período que abarcó la investigación y a la falta de acceso a la información que se les negó por parte del gobierno.
A continuación te presentamos las observaciones más importantes que hicieron los expertos durante la presentación del informe en Washington:
La presentación inició con un video que recogía brevemente algunos enfrentamientos ocurridos entre efectivos de la Policía Nacional y manifestantes nicaragüenses.
- Lea el trabajo completo del GIEI en el siguiente enlace: Nicaragua: Gráfica de Hechos de Violencia
Amérigo Incalcaterra destaca que "no hay credebilidad en la Fiscalía de Nicaragua", la población no se anima a denunciar los casos de violencia porque no confían en el sistema judicial del país.
"Cuando van al poder judicial no se sienten protegidos", refirió.
"Revisamos más de 10,000 documentos fílmicos y fotografías, así como tuits y mensajes" que se viralizaron en las redes sociales para poder elaborar el informe.
Un punto importante que señaló Incalcaterra, es que de toda la información revisada "no encontramos evidencia de un Golpe de Estado en el país".
Agregó que "la mayoría de escenas del crimen no se procesaron".
Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI, informó que durante su investigación, de las 79 víctimas que registraron en el período del 18 de abril al 18 de mayo, el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua solo pudo dar cuenta de 41 muertos y apenas lograron entregar 23 autopsias.
Indicó que la Fiscalía en varias ocasiones acusa a gente inocente.
"El Estado de Nicaragua ha infringido su deber de diligencia en resolver los casos de muertes violentas desde el 18 de abril", manifestó.
Además, "el sistema de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial trabajan con un esquema de violación a los derechos humanos de los nicaragüenses".
Se sigue criminalizando a los ciudadanos que participaron en las protestas, y también se reportan varios casos de criminalización de la libertad de expresión y reunión.
Sobre este último pusieron de ejemplo el siguiente caso:
"La Fiscalía ha acusado (a los jóvenes detenidos) por el simple hecho de pensar, en uno de los casos y cito la fiscalía expresó que el problema es que no se necesitan 16 armas (para cometer un delito), cada uno de ellos (los acusados como tal), es un arma, el ingenio de ellos puede representar un arma para el terrorismo".
La Policía Nacional nuevamente fue acusada de servir el Gobierno del Presidente Daniel Ortega.
"Quien decide quien va preso es la policía, y lo hace vulnerando las normas mínimas para la restricción de la libertad".
Comentaron también que los "juicios se desarrollan a puerta cerrada con acceso únicamente a la prensa oficialista, pese a que la Constitución de Nicaragua señala que estos deben ser públicos".
Los miembros del GIEI, en su informe, llegaron a la conclusión de que el "sistema de justicia en Nicaragua es un engranaje más de la represión" del Gobierno.
