Miguel Mora y Lucía Pineda continúan sin derecho a visitas en El Chipote, denuncia CPDH

Los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora continúan sin derecho a recibir visitas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) o mejor conocida como El Chipote, según lo denunció este miércoles su defensa Julio Montenegro.

Ambos periodistas fueron detenidos en vísperas de Navidad del año pasado cuando la policía se tomó por la fuerza las instalaciones del canal 100% Noticias, medio crítico al gobierno, del cual Mora es propietario y Ubau la jefa de prensa.

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De acuerdo al defensor, los dos comunicadores han recibido un trato injusto, discriminatorio en El Chipote en relación a las visitas, violentando sus derechos humanos.

"No se les ha permitido a los familiares ingresar, incluso se habla por parte de ellos que al momento de llegar inicialmente en la primer visita que hicieron un martes, les hicieron esperar desde las cuatro de la mañana hasta a eso de las cuatro y media de la tarde, estamos hablando aproximadamente de doce horas, y en el transcurso del tiempo hasta que ya llegó la hora de la tarde se les dijo a ellos (a los familiares de Lucía y Miguel) de que no iban a salir”, denunció su defensor.

Montenegro agregó que en El Chipote “se puede presumir que hay una orientación clara que estas personas no pueden gozar de ese beneficio”. Denunció además que no se les da información a los familiares de los periodistas sobre su estado y su caso se maneja bajo mucho hermetismo por parte de las autoridades.

“Ya en la segunda y tercer visita que siempre la han hecho los martes, de manera directa, antes de comenzar la etapa (del proceso judicial) se les dijo a ellos que no tenían derecho a recibir visitas y se mencionaba de manera concreta dentro de un listado de siete personas primeramente Miguel y en segundo Lucía”.

En la audiencia inicial contra Mora y Ubau programada para este 25 de enero, el defensor solicitará al juez Henry Morales, del Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua, se permita por razones de humanidad, que los familiares de los periodistas tengan entre cinco y ocho minutos para hablar con ellos, tiempo que generalmente se le permite a los procesados durante las audiencias para hablar con sus seres queridos.