Defensores de DD.HH: Ejército de Nicaragua debe explicar uso de armamento militar en manos de la Policía Nacional

Tras el informe que presentó el organismo Bellingcat sobre el uso de armamento de guerra que utilizó la Policía Nacional y parapolicías para reprimir las protestas cívicas contra el gobierno, el Ejército de Nicaragua está obligado a explicar porqué la institución del orden público tiene en su poder armamento de uso exclusivo militar, concluyen defensores de derechos humanos.

"Nos quedó la duda razonable, porque el único que debe de tener este tipo de armamento es el Ejército de Nicaragua, de tal manera que al andar la policía este tipo de armamento, al ser de uso militar, no entendemos porqué la policía actuó o el ejército permitió este acto que atentó y cegó la vida de muchos nicaragüenses", cuestionó Marcos Carmona, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Dentro del armamento que utilizó la Policía Nacional y parapolicias para reprimir las protestas cívicas están: rifles AK, ametralladoras PKM, escopetas lanzagranadas M79, pistolas automáticas y al menos seis tipos de fusiles de largo alcance, concluye la investigación de Bellingcat.

A Vilma Núñez, una de las defesoras de derechos humanos más reconocidas en el país, le llama la atención las declaraciones que dió la semana pasada el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, en las que aseguró que los encapuchados armados que se movilizaron por todo el país en los meses de mayor represión a la protestas cívicas levantando tranques con armamento de guerra no eran paramilitares sino “policías voluntarios y profesionales encubiertos” de esa institución.

“Quizás también esas afirmaciones de Francisco Díaz hay que verlas desde otro punto de vista, cuidado es una estrategia para buscar cómo seguir encubriendo la responsabilidad del Ejército y si dice (Díaz) fueron nuestros policías los que portaban las armas de alto calibre pues eso solo hunde a su policía, pero salva al Ejército, señala Núñez.

Los defensores de derechos humanos coincide con Bellingcat que esta investigación, sumado a los informes del GIEI y Amnistía Internacional, pueden ser utilizados como medios de prueba irrefutable ante un eventual juicio por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional (CPI).

“Sabemos que la Corte Penal Internacional (CPI) ha usado evidencia de fuente abierta, similar a las fotos y videos presentados en la investigación sobre Nicaragua, para emitir órdenes de captura contra individuos en casos que involucran crímenes de guerra”, señaló Giancarlo Fiorella, investigador para América Latina de Bellingcat.

Bellingcat toma como evidencia el análisis de fotografías y videos del ataque perpetrado contra estudiantes de la UNAN-Managua ocurrido el 13 de julio de 2018 y de los operativos ejecutados el 17 y 18 de julio pasado en el departamento de Masaya.