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Represión ejercida a marcha podría acelerar sanciones contra gobierno de Nicaragua, asegura analista
Con la represión ordenada por el gobierno del mandatario Ortega a una manifestación cívica en Managua, el gobierno sólo conseguirá acelerar la aplicación de sanciones individuales, asegura el analista Edgar Parrales.
Faltan menos de dos días para que el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presente ante el congreso de ese país un informe sobre la situación política en Nicaragua atendiendo lo establecido en la Ley Nica Act, Ley creada para sancionar al gobierno del Presidente Ortega y sus funcionarios por las violaciones de su administración a los derechos humanos de la ciudadanía.
Con la represión ordenada por el gobierno del mandatario Ortega a una manifestación cívica en Managua el sábado pasado donde se exigió la libertad de todos los presos políticos, el gobierno sólo conseguirá acelerar la aplicación de sanciones individuales y colectivas por parte de Estados Unidos así como también de la Unión Europea, concluye el exdiplomático Edgar Parrales.
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En el caso de la Nica Act, las sanciones que podrían aplicarse condicionan los préstamos financieros que Nicaragua gestione ante organismos internacionales. La Nica Act también activa el congelamiento de cuentas y cancelación de visas a una lista de funcionarios públicos señalados de violaciones de derechos humanos.
En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos a través de varios de sus interlocutores ha insistido en el adelanto de elecciones como vía democrática para resolver la grave crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua, opción con la que coincide el exembajador Mauricio Díaz.
