Foto Cortesía.
Levantar sanciones está más allá del control de los actores nacionales, asegura analista
El tema de los crímenes de lesa humanidad y la justicia hacen muy compleja la negociación sobre el levantamiento de las sanciones contra el gobierno, señala analista.
Con la resolución emitida el pasado jueves en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Nicaragua logró acaparar mayor atención ante los órganos del sistema internacional de derechos humanos para que se conozca más de cerca el conflicto político en el país y se tomen acciones más concretas en el Diálogo Nacional, una de ellas es el tema de las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
La duda que asalta a muchos ciudadanos en este tema es la posibilidad real de que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea sean levantadas en una eventual intercesión de la Alianza Cívica ante la comunidad internacional si se concretan acuerdos en el Diálogo Nacional.
Lea: UNAB pide a nicaragüenses sumarse a jornada de “Piquetes Express”
Analistas como Mauricio Díaz traen este cuestionamiento a colación, ya que estas sanciones económicas contra el gobierno y una larga lista de funcionarios públicos fueron impuestas por violación a los derechos humanos.
“El sector democrático va a tener que pedir que no le apliquen sanciones financieras a este gobierno. ¿Qué va a hacer el sector democrático frente a los crímenes de lesa humanidad? Pienso que eso está más allá del control de los actores nacionales porque esos crímenes son imprescriptibles”, destacó Díaz.
El analista manifiesta que “probablemente viene una negociación muy compleja (entre la Alianza Cívica y el gobierno) porque hay hechos que no se van a poder perdonar".
Aunque Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), donde se ventilan los crímenes de lesa humanidad, Díaz recordó que este tipo de delito no prescribe y no es aplicable a la amnistía internacional.
Señaló que ante un cambio de gobierno democrático, el Estado de Nicaragua puede adherirse al Estatuto de Roma, ratificarlo y reconocer la jurisdicción de la CPI para iniciar un proceso penal contra los señalados de crímenes de lesa humanidad.
Para la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, la resolución emitida por la ONU es inédita porque destaca 8 puntos que instan al gobierno a que cumpla con los acuerdos que se logren en el Diálogo Nacional y al respeto de los derechos humanos.
Desde que inició la crisis política en Nicaragua cerca de 6 altos funcionarios del gobierno incluyendo la vicepresidente y esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por estar vinculados a graves violaciones de derechos humanos de civiles en el marco de las protestas cívicas.
